El Decreto ochocientos once de dos mil veinte le dejaba al Estado / Gobierno adquirir acciones para salvar compañías en medio de lo sucedido a crisis económica generada por el coronavirus.
La Corte Constitucional tumbó el Decreto ochocientos once de dos mil veinte, que le dejaba al Gobierno Duque salvar las empresas y/o compañías nacionales por la crisis que ha la COVID-diecinueve.
Lee también: Vendedor que dio carne de caballo a estudiantes también las vendía en tiendas
Con una votación de cinco a cuatro, la Sala Plena de esa alta Corte dejó como inconstitucional el Decreto ochocientos once del dos mil veinte; que dejaba al Estado adquirir acciones de empresas perjudicadas por el nuevo coronavirus.
Ese decreto estableció en uno de sus artículos que “cuando la Nación reciba o bien adquiera participaciones minoritarias en el capital de cierta sociedad privada, pública o bien mixta; va a poder demandar que sus accionistas o bien dueños privados garanticen que adquirirán la participación del Estado en un plazo determinado o bien que van a poner en venta, en conjunto con las acciones de la Nación”.
Lee también: Hija de Marbelle respondió luego de lo que ella opino de su nieto.
Para la mayor parte de los jueces, ese decreto no superó los juicios de necesidad; conexidad y finalidad concreta.
Uno de los efectos de la resolución de la Corte es que complicará incluso más el préstamo de $370 millones de dólares estadounidenses que el Gobierno pretendía pagar a Avianca Holdings; pues exactamente esa empresa resultó con seriedad perjudicada por cuenta de las limitaciones de la pandemia.
