Dentro de las medidas y órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia al Gobierno, en el histórico fallo que busca asegurar el derecho a la queja pacífica ciudadana, se especifica una indicación que, por su alcance, forma un cambio fundamental en el activar operativo del Esmad: ahora va a ser la Defensoría del Pueblo la entidad encargada de hacer un «control riguroso, fuerte y también intenso de toda actuación» de esa fuerza antidisturbios.
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Detalla el documento en su página ciento treinta y siete, que «cuando se requiera cualquier participación del Esmad en acontecimientos públicos o bien privados, ese organismo (la Policía) de forma antelada, va a deber poner a predisposición el listado de los comandantes o bien jefes de unidad, del personal asignado para el servicio requerido» para conocimiento de la Defensoría.
E aun va más allá: la Policía «va a deber facilitar los medios precisos para la conveniente transmisión de órdenes por la parte del reseñado agremiado (la Defensoría)», lo que quiere decir que dicha entidad va a poder comunicarse en riguroso directo con los agentes del Esmad a lo largo de una operación en el caso de que necesite señalarle cualquier orden para eludir ocasionales abusos.
Dice el fallo, en el octavo punto de la resolución del fallo, que estas labores a las que se encargará ahora la Defensoría del Pueblo, van a estar actuales «hasta tanto se compruebe que el ESMAD está en capacidad de hacer un empleo moderado de la fuerza y de asegurar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o bien no en quejas».
