La gota que empezó a llenar la copa fue el ataque a cuchillo cometido recientemente por un venezolano, quien casi da la muerte de un bumangués, así como casos de hurto y asesinato en los que han incurrido algunos Venezolanos. Esto ha despertado indignación y preocupación en la capital santandereana y por tanto a partir de mañana empiezan controles para la deportación de venezolanos que estén indocumentados.
Los habitantes y autoridades aseguran que «esta situación ya esta fuera de control» pues es imparable el éxodo de venezolanos que desde hace cerca de cinco meses se ha venido registrando en la ciudad.
Dando respuesta a esta compleja y difícil realidad y con el fin de prevenir futuras perturbaciones de orden social, el Gobierno Local y la Nación decidieron intensificar las acciones de control para deportar a aquellos extranjeros que residen en Bucaramanga sin documentación alguna que avale su permanencia en el país.
ya es un hecho que a partir de mañana se ejecutarán permanentes operativos en parques, calles y el transporte público, para identificar e iniciar procesos de deportación a inmigrantes venezolanos indocumentados.
La secretaria del interior Alba Navarro Fernandez dijo: “Hicimos un Consejo de Seguridad con Migración Colombia, Policía, Ejército, Fiscalía y Personería, y con relación a todo el flujo de venezolanos que están arribando a la ciudad, y teniendo en cuenta las circunstancias que se han venido presentando, decidimos efectuar un control de documentos a los extranjeros residentes, conforme lo exigen las leyes”
La secretaria tambien agregó, “en compañía de Migración, Policía y Personería, hicimos un recorrido por múltiples parques y escenarios de la ciudad para advertir a todos estos grupos de extranjeros que pernoctan allí sobre la documentación que deben tener para su permanencia legal, y de los operativos que vamos a ejecutar”
Según Migración Colombia, estos operativos para extranjeros ilegales se hacen con dos propósitos, “invitarlos a cumplir con la normatividad migratoria y la de uso del espacio público”.
Así se llevara acabo dicho control: “a los portadores de Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que ya han superado el tiempo de permanencia permitido, se les indica que deben abandonar voluntariamente el territorio nacional colombiano, y seguir utilizando esta tarjeta para el fin autorizado, que es entrar al país para moverse por los municipios de frontera hasta por siete días. Aquellos que no acogen el llamado de las autoridades se les inician actuaciones administrativas individuales”.
Es cierto también que los delegados de la Procuraduría, quienes han emprendido diversas acciones frente a esta problemática que ocurre en la ciudad, confirmaron que no se realizarán desalojos ni deportaciones a la fuerza y garantizaron que estos operativos se ejecutarán respetando el Derecho Migratorio Internacional.
También en cierto que se está gestionando la posible creación de un convenio entre Acnur y la Nación, para que Gobernación o Alcaldía habiliten un albergue temporal para migrantes legales. Lo que no se quiere permitir es que espacios como un polideportivo o un coliseo sean empleados como refugios”, señalaron las fuentes consultadas.
